En un momento crucial de nuestra historia, nos encontramos ante la imperiosa necesidad de trazar un rumbo claro y definido que conduzca al Perú hacia un futuro próspero y con amplia libertad de oportunidades para todos sus ciudadanos. Es en este contexto que presentamos el Decálogo de la Prosperidad Social, un conjunto de diez medidas fundamentales diseñadas para orientar al país hacia un camino de desarrollo económicamente sostenible y de bienestar general.

Estas medidas, concebidas con el firme propósito de abordar los desafíos más apremiantes que enfrenta nuestra nación, reflejan el compromiso inquebrantable con los principios de orden, justicia, libertad y prosperidad. Son el fruto de un profundo análisis de las necesidades y aspiraciones de la sociedad peruana, así como de la identificación de las áreas prioritarias que requieren atención urgente.

A través del Decálogo de la Prosperidad Social, aspiramos a sentar las bases para una transformación positiva en todos los ámbitos de la vida nacional, desde la economía y la educación hasta la salud y la justicia, que hasta ahora se han presentado históricamente dentro de un cuadro fenomenológico mercantilista, que debe ser catapultado hacia un marco institucional de Estado de Derecho Clásico-Liberal de Gobierno Limitado. Cada una de estas medidas representa un paso firme hacia adelante, un compromiso firme de construir un Perú más próspero, líbremente inclusivo y justo para las generaciones presentes y futuras.

Invitamos a todos los ciudadanos comprometidos con el bienestar y la prosperidad del Perú a conocer y reflexionar sobre las diez medidas esenciales que componen este Decálogo de la Prosperidad Social. En la unión de nuestras voluntades y esfuerzos radica la fuerza para superar los desafíos que se nos presentan y alcanzar juntos un futuro lleno de oportunidades y realizaciones para todos.

I. REORDENAMIENTO ESTRUCTURAL DEL GOBIERNO,EL ESTADO Y LA POLÍTICA

Con el propósito de reorganizar  funcionalmente el Gobierno, el Estado y la Política en el Perú, se llevará a cabo una reestructuración integral. Esta iniciativa comprende las siguientes acciones:

Transferencia de las empresas y activos estatales al sector civil nacional:

• Se promoverá esta transferencia, que empodera al sector civil nacional, mediante subastas, licitaciones y concesiones, que dentro de mercados competitivos, aumenten la eficiencia y la transparencia del sector empresarial, a niveles de ganancias usuales, reduciendo la intervención estatal en la economía.

Reforma política electoral:

• Se implementará una reforma para alinear el sistema de representación con los intereses de los ciudadanos, garantizando una representación más fiel a la voluntad popular y fomentando la participación ciudadana en el proceso político.

Reconquista de las funciones prioritarias del Estado:

• Se restablecerán las funciones fundamentales del Estado, que incluyen: 
  • Brindar seguridad policial interna, defensa nacional externa y diplomacia.
  • Garantizar seguridad jurídica con una justicia imparcial y eficaz para los ciudadanos. Se buscará implementar una justicia pública tanto represiva como disuasiva para los delincuentes, así como para la resolución de conflictos, permitiendo también instancias de justicia privada sin obstrucciones.
  • Contratar la planificación, construcción y mantenimiento de obras públicas de infraestructura.

Descentralización y Fortalecimiento de los Gobiernos Locales:

• Se reorganizará la descentralización nacional de manera efectiva, de modo  que involucre la coparticipación regional en la recaudación de impuestos, fortaleciendo así los poderes provinciales. Este enfoque busca otorgar una mayor autonomía a los gobiernos locales, permitiendo la toma de decisiones adaptadas a las necesidades específicas de cada comunidad. Además, se requerirá un compromiso por parte de las regiones para ejecutar eficientemente los presupuestos asignados a obras públicas, garantizando que los recursos se utilicen en proyectos de infraestructura que beneficien directamente a las poblaciones locales y regionales.

• Se fomentará la capacidad de cada entidad mega-regional para establecer sus propias leyes en los sectores laborales, comerciales, productivos, educativos, de salud y de jubilación, y decidir la aplicabilidad complementaria del Código Civil y Penal nacionales en su jurisdicción. Esto garantizará un mayor grado de autonomía y autodeterminación, así como una adaptación de las leyes a la medida de cada mega-región, fomentando la competencia inter-regional.
• Se promoverá la capacidad de cada mega-región para gestionar y fiscalizar su propio gobierno y funciones estatales a nivel local, permitiendo que cada región tome decisiones adaptadas a sus necesidades particulares.

Reorganización del Poder Ejecutivo en 7 Ministerios:

• Se reorganizará el Poder Ejecutivo para modernizar su estructura y mejorar su funcionamiento. Esto implica fortalecer la capacidad del Gobierno para cumplir con sus funciones, promover la eficiencia y la transparencia en la gestión pública.
• Se propone crear un nuevo esquema ministerial que se adapte a las necesidades actuales del Perú, orientándose a la descentralización, la eficacia en la prestación de servicios y la participación ciudadana. Para ello, se establecerán los siguientes siete ministerios:
  • Ministerio de Defensa Nacional: Responsable de garantizar la seguridad y defensa del territorio nacional, así como de coordinar las fuerzas armadas, de acuerdo con la tradición institucional de las mismas.
  • Ministerio de Relaciones Exteriores y Diplomacia: Encargado de gestionar las relaciones diplomáticas con otros países, representar al Estado en organismos internacionales y promover los intereses del país, en especial los económicos, en el ámbito internacional.
  • Ministerio del Interior y Seguridad Ciudadana: Destinado a mantener el orden público, la seguridad ciudadana y la gestión de emergencias, así como a coordinar las políticas de seguridad interna, en coordinación con los gobiernos locales.
  • Ministerio de Justicia: Encargado de administrar la justicia, garantizar el acceso a la justicia y promover el respeto a los derechos fundamentales individuales de la persona, así como de supervisar el sistema penitenciario, en coordinación con los gobiernos locales.
  • Ministerio de Infraestructura y Desarrollo Urbano: Responsable de planificar, construir y mantener la infraestructura pública, incluyendo carreteras, puentes, hospitales, escuelas y otros servicios sociales básicos, así como de promover el desarrollo urbano económicamente sostenible, en coordinación con los gobiernos locales.
  • Ministerio de Economía y Finanzas: Encargado de la gestión financiera del Estado, incluyendo la recaudación de impuestos, el manejo del presupuesto y la elaboración de políticas económicas.
  • Ministerio de Desarrollo Social y Capital Humano: Destinado a diseñar y ejecutar políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida de la población, mediante la asesoría técnica en programas de salud, educación, vivienda, empleo y protección social, para cada gobierno local.

Relación con los Medios de Comunicación:

El Estado mantendrá una relación transparente e imparcial con los medios de comunicación, fundamentada en los principios de independencia y libertad de prensa. Para ello:

• El Estado empleará su medio oficial de prensa para divulgar sus políticas y acciones, así como para difundir notas de prensa que los periódicos podrán replicar libremente.
• No se establecerán relaciones de índole financiera ni económica entre el Estado y los medios de comunicación, preservando así su independencia editorial y su capacidad para informar de manera imparcial.
• Se promoverá el acceso igualitario de todos los medios de comunicación a la información oficial, garantizando la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública.

II. EQUILIBRIO FISCAL Y ESTABILIDAD ECONÓMICA 

Con el objetivo de establecer un entorno propicio para el desarrollo económico y la estabilidad financiera, se proponen una serie de medidas destinadas a promover el crecimiento económicamente sostenible. Estas acciones están diseñadas para sentar las bases de una prosperidad económica que beneficie a los ciudadanos del Perú como consumidores, garantizando así el desarrollo humano en justicia para el país. Entre estas medidas se encuentran:

Economía de libre mercado con incentivos para emprendedores y empresarios, especialmente, pero no exclusivamente, nacionales

• Se promoverá un ambiente económico favorable para el desarrollo empresarial, donde los emprendedores puedan prosperar y los empresarios puedan invertir y expandir sus negocios sin restricciones ni barreras legales innecesarias.

Equilibrio fiscal

• Se buscará mantener un equilibrio entre los ingresos y los gastos del Estado, garantizando así una gestión responsable de los recursos públicos y evitando los déficits públicos que puedan comprometer la estabilidad económica a largo plazo.

Adecuado nivel de riesgo país

• Se trabajará en mantener un riesgo país bajo, lo que contribuirá a mejorar la percepción de los inversionistas extranjeros y atraerá mayores flujos de inversión directa.

Reducción del gasto público

• Se llevará a cabo una reducción significativa del gasto público, situándolo en niveles históricos entre el 10% y el 20% del Producto Bruto Interno (PBI). Esto permitirá una gestión más eficiente de los recursos y evitará el endeudamiento excesivo del Estado, así como impedirá que hayan recursos que se dilapiden mediante la corrupción.

Reforma tributaria

• Se implementará una reforma tributaria integral que reduzca la presión impositiva sobre los contribuyentes tradicionales, amplíe la base tributaria a nuevos contribuyentes y simplifique el sistema de impuestos, reduciendo el número de gravámenes y eliminando regulaciones innecesarias. La recaudación tributaria seguirá siendo ejecutada por un organismo nacional autónomo, pero que tendrá un nivel de organización nacional para recaudar los tributos legislados por el Parlamento Nacional y otro nivel de organización, regional, para recaudar los tributos legislados dentro de cada mega-región.

Eliminación de controles económicos

• Se eliminarán los controles que frenan la competencia en la economía, reduciendo las regulaciones estatales en diversos sectores económicos y simplificando los requisitos para la exportación e importación de productos, facilitando así el comercio internacional y promoviendo la competitividad del país.

Fomento de la creación de nuevas empresas

• Se desarrollará un marco jurídico-político que facilite la creación de nuevas empresas, simplificando los trámites burocráticos necesarios para su establecimiento y su manutención en marcha, y promoviendo la innovación y el espíritu empresarial.

Generación de incentivos para la inversión

• Se crearán incentivos para fomentar la inversión, tanto a nivel regional, nacional como del exterior, con el objetivo de impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo.

Creación de zonas francas

• Se establecerán zonas francas para promover la inversión extranjera y el comercio internacional, facilitando la importación y exportación de bienes y servicios.

Reforma del Tribunal Constitucional

• Por un lado, se limitará la Facultad del Tribunal Constitucional para que únicamente pueda pronunciarse respecto a la calidad constitucional o inconstitucional de una norma jurídica, promulgada por el Ejecutivo o los gobiernos locales; quedando fuera de su jurisdicción el pronunciarse respecto a la interpretación concreta de las normas constitucionales.
• Por otro lado, se facultará al Tribunal Constitucional para poder abolir cualquier norma o contrato privado que obstruya la libre competencia, facultad a la que se proceda de oficio o a petición de partes.

Reforma de instituciones financieras y regulatorias

• Se reformarán instituciones como el INDECOPI y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) para promover la competencia en el sector financiero y garantizar un ambiente de negocios justo, transparente y competitivo.
• Se modificará la ley de bancos y seguros, de tal manera que se abran los mercados financieros hacia la presencia y operación en la nación de una múltiple cantidad de nuevas entidades financieras, ya sean nacionales o internacionales.
• Se modificará la ley de mercado de valores, estableciendo que su organismo supervisor goce de la categoría de organismo constitucionalmente autónomo.
• Se modificará la ley de mercado de valores, estableciendo lo que técnicamente se conoce como un “safe harbor”, para garantizar y definir, exhaustivamente y sin dudas discrecionales, los límites dentro de los cuales se puedan realizar ofertas privadas de inversión.
• Se reformará la Ley del Banco Central de Reserva, para que la moneda nacional no sea la moneda de curso legal y forzoso, ampliando la posibilidad de usos de monedas a todas las mundialmente existentes, o a aquellas por crearse por iniciativa de los bancos comerciales. Al mismo tiempo, todo banco comercial, sus accionistas y gerentes, serán solidariamente responsables bajo el Código Civil y bajo el Código Penal, de la conversión de las monedas que use su banco en sus operaciones, a cualquier otra moneda que soliciten individualmente sus ahorristas, dentro de un plazo razonable. Eso garantizaría la estabilidad de precios por la competencia resultante de las distintas monedas, evitando la inflación anual de baja intensidad del 2% actual, que en 20 años acumula la confiscación de casi la mitad del poder adquisitivo de los ahorros.

III. RESPETO IRRESTRICTO A LA PROPIEDAD PRIVADA Y FORMALIZACIÓN DE TÍTULOS

Con el propósito de fomentar la seguridad jurídica y el desarrollo económico, las siguientes medidas tienen como objetivo fortalecer el Estado de Derecho Clásico de Gobierno Limitado, estimular la inversión, el crecimiento económico y garantizar que todos los ciudadanos puedan ejercer plenamente sus derechos de propiedad en un entorno seguro y protegido:

Respeto inquebrantable a la propiedad 

• Se establecerá un marco legal robusto que asegure el respeto absoluto a la propiedad privada legítima en todas sus manifestaciones. Esto implica proteger los derechos de propiedad de individuos y empresas, evitando que sean vulnerados por acciones gubernamentales o de terceros; así mismo implica la indemnización histórica y definitiva a todos los descendientes comprobados, de legítimos propietarios vulnerados.

Formalización de títulos de propiedad privada

• Se promoverá activamente la formalización de los títulos de propiedad en sectores que hasta ahora han permanecido en la informalidad. Esto requerirá la implementación de políticas y programas destinados a simplificar y agilizar el proceso de legalización de la propiedad, proporcionando seguridad jurídica a los propietarios e incentivando el acceso a créditos y otros servicios financieros. En este proceso jurídico, deberá predominar el principio de la prioridad del propietario legítimo y/o el principio de indemnización definitiva a los herederos legítimos de la propiedad, para zanjar, histórica y definitivamente, la titularidad de la propiedad.

Propiedad del subsuelo

• Se reconocerá el derecho legítimo de los habitantes sobre el subsuelo, otorgándoles la propiedad de los recursos naturales que se encuentren debajo de sus terrenos. Esta medida tiene como objetivo empoderar a los ciudadanos y comunidades locales, permitiéndoles beneficiarse de manera responsable de la explotación de los recursos naturales y promoviendo un desarrollo sostenible y justo. En los casos en que jurídicamente, no se pueda revertir históricamente la legítima propiedad, se inducirá la indemnización, más que justa, de los descendientes comprobados de los habitantes oríginales sobre el subsuelo.

IV. PROMOCIÓN DEL TRABAJO FORMAL Y REFORMA LABORAL

Se busca abordar la situación actual en la que una gran parte de la Población Económicamente Activa (PEA) no cuenta con empleo formal, lo que afecta la convivencia civilizada en el país. La desrregulación del trabajo formal y la reforma laboral son fundamentales para que el sector laboral formal  no expropie, mediante sus privilegios sociales, de manera agregada, parte de los salarios de los trabajadores informales. De esta forma, los trabajadores antes informales ganarán, en nivel de vida, lo que reciben en transferencia del sector formal, al reducirse sus beneficios sociales a un nivel competitivamente moderado, garantizando empleos de calidad, para todos los trabajadores, nivelando formales e informales. Las medidas propuestas incluyen:

Reforma laboral

• Se llevará a cabo una reforma laboral integral que tenga como objetivo principal formalizar a todos los trabajadores por igual. Esta reforma implicará la reducción de las exigencias legales y trámites burocráticos para la contratación y despido de trabajadores, lo que facilitará a las empresas, de manera agregada, mayor creación de empleos formales que despidos.

Capacitación y educación

• Se promoverán programas de capacitación y educación, delegados al sector privado, y dirigidos a los trabajadores informales, con el fin de mejorar sus habilidades y competencias y aumentar sus oportunidades de empleo formal. Esto podría incluir programas de formación técnica, cursos de capacitación laboral y acceso a educación continua.

Protección social

• Se garantizarán los actuales niveles excesivos de acceso a la seguridad social, estabilidad laboral y otros beneficios laborales para el futuro, de los trabajadores formales actuales hasta el día de las elecciones, cerrando a partir de allí estos privilegios laborales excesivos,  con el fin de brindarle, en el futuro próximo, mejores condiciones y salarios laborales, a los trabajadores actualmente informales. Esto podría incluir el acceso a servicios de salud, pensiones y otros beneficios sociales.

V. CONVERTIR A PERÚ EN UNA POTENCIA MUNDIAL AGRÍCOLA, MINERA Y DEL TURISMO

Para lograr el objetivo de potencia mundial en estos sectores, se implementará un conjunto de políticas y medidas a nivel de marco jurídico-institucional destinadas a que dentro del mismo el sector privado se vea incentivado a desarrollar económicamente sostenible estos sectores del país, tomando como referencia programas exitosos llevados a cabo en otros países, como en el nuestro (caso de la Agroindustria). Estas medidas, entre otras, podrían contribuir significativamente a convertir a Perú en una potencia mundial, impulsando su crecimiento económico y generando empleo y desarrollo en todo el país.

Inversión en infraestructura

• Se realizarán inversiones significativas en infraestructura para mejorar la conectividad de las zonas en las cuales se desarrollar estos sectores, facilitando así el transporte de insumos y productos para reducir los costos logísticos para las empresas. Estas inversiones deberán realizarse de tal manera que, como subproducto social, se fomente el comercio y la economía intra-regional.

Promoción de la inversión extranjera en cooperación con la participación nacional

• Se establecerán incentivos fiscales y regulatorios para atraer inversiones extranjeras con experiencia y tecnología avanzada al sector minero, fomentando la participación conexa de personas jurídicas y naturales, nacionales, por ejemplo, de origen de la localidad de los yacimientos.

Desarrollo de talento humano

• Se pondrán en marcha programas de formación y capacitación dirigidos a profesionales y trabajadores del sector involucrados, con el fin de mejorar la calidad y la productividad de la fuerza laboral y garantizar un desarrollo sostenible de las industrias.

Implementación de buenas prácticas ambientales y sociales 

• Se establecerán regulaciones estrictas para garantizar que las actividades mineras se desarrollen de manera responsable, minimizando su impacto en el medio ambiente y respetando los derechos de propiedad legítima de las comunidades locales.

Diversificación de la economía 

• Se promoverá la diversificación de la economía peruana para reducir su dependencia del sector minero, impulsando el desarrollo de otros sectores como el turismo, la agricultura y la manufactura.

Alianzas estratégicas

• Se establecerán alianzas estratégicas con otros países y organizaciones internacionales para promover la cooperación en materia de investigación, tecnología y desarrollo en los sectores en los que se encuentran con ventajas competitivas naturales, aprovechando así las mejores prácticas y experiencias a nivel global.

VI. COMBATE CONTRA LA CORRUPCIÓN, FORTALECIMIENTO DEL ESTADO DE DERECHO CLÁSICO DE GOBIERNO LIMITADO Y DEFENSA DE LA DEMOCRACIA REPUBLICANA

La lucha contra la corrupción no solo implica fortalecer las instituciones y promover la transparencia, sino también proteger los principios de democracia republicana y defender el sistema de gobierno frente a ideologías totalitarias y autoritarias. Para ello, se implementarán políticas y medidas integrales que promuevan una cultura de integridad y respeto por los valores republicanos, contrarrestando el avance de ideologías como el socialismo, comunismo, marxismo, leninismo, chavismo, fascismo y cualquier otra posición política totalitaria y antidemocrática. Las acciones propuestas incluyen:

Fortalecimiento de la educación cívica y democrática

• Se promoverá la enseñanza de los principios democráticos republicanos, los derechos humanos de primera generación y la importancia del Estado de Derecho Clásico de Gobierno Limitado en el sistema educativo. Esto incluirá la desmitificación de ideologías totalitarias y autoritarias, así como la promoción del pensamiento crítico y el debate informado.

Protección de la libertad de expresión y la pluralidad de opiniones

• Se garantizará el derecho a la libertad de expresión y se respetará cualquier proyecto metafísico y/o ético personal, voluntario y físicamente no violento que se exprese en los medios y en la sociedad en general. Esto incluirá la prevención de la censura y la no represión de la disidencia política, así como el fomento del diálogo intersubjetivo y la tolerancia entre diferentes corrientes ideológicas, mientras que no recurran o apelen a la violencia física.

Defensa de las instituciones de la democracia republicana

• Se fortalecerá el sistema de gobierno democrático republicano, asegurando la independencia y la imparcialidad de los poderes del Estado. Esto incluirá el respeto por la separación de poderes, la garantía de elecciones secretas, libres y justas, el apoyo a la participación ciudadana en la toma de decisiones políticas y la limitación del ejercicio del poder del Gobierno a única y exclusivamente aquellas actividades explícitamente autorizadas por la Constitución. Actividades no autorizadas por la Constitución para el Gobierno están prohibidas para este, con el fin de proteger al sector civil del ejercicio arbitrario del poder coercitivo estatal.

Limitación de la cooperación internacional

• Se establecerán alianzas y colaboraciones con otros países y organismos internacionales con el fin de lograr transferencias tecnológicas. Sin embargo, en aras a la defensa de la soberanía de nuestra cultura y espiritualidad, se mantendran reservas ante toda ayuda internacional y/o participación en organismo internacionales que condicione la misma a penetrar subretigiamente la cultura y la espiritualidad peruanas, así como sus usos y costumbres sanos.

En conjunto, estas acciones buscan no solo combatir la corrupción y fortalecer el Estado de Derecho, sino también proteger y promover los principios democráticos republicanos, frente a ideologías totalitarias y autoritarias que representen una amenaza para la libertad, la sana moralidad y la justicia en la sociedad.

VII. DEFENSA NACIONAL, SOBERANÍA Y PATRIOTISMO

El séptimo punto del decálogo se centra en la defensa nacional, la protección de la soberanía y la integridad del Perú, así como en la resistencia frente a influencias externas que puedan comprometer los valores y principios nacionales. Esta sección aborda diversas dimensiones, desde la modernización de las Fuerzas Armadas hasta la protección de la familia y la oposición a agendas políticas externas contrarias a la identidad nacional.

Modernización de las Fuerzas Armadas

• Se impulsará una modernización integral de las Fuerzas Armadas del Perú, dotándolas de los recursos necesarios y la tecnología adecuada para enfrentar amenazas emergentes y garantizar la defensa efectiva del territorio nacional. Esto incluirá la capacitación del personal militar, en lucha antisubersiva militar e ideológica, entre otros, y la actualización de equipos y sistemas de defensa.

Protección de la integridad territorial y soberanía

• Se fortalecerán las medidas de seguridad en las fronteras y zonas estratégicas del país para prevenir cualquier intento de violación de la integridad territorial y salvaguardar la soberanía del Perú frente a amenazas externas. Esto se llevará a cabo mediante una coordinación estrecha entre las Fuerzas Armadas, la policía y otras instituciones de seguridad.

Combate al terrorismo y narcotráfico

• Se intensificará la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, abordando estas amenazas con una estrategia integral que incluya acciones de inteligencia, operaciones militares y políticas de desarrollo alternativo en las zonas afectadas. Se buscará desmantelar las organizaciones terroristas y narcotraficantes, así como cortar sus fuentes de financiamiento. Se realizará permanentemente campañas de información y persuasión contra el consumo de narcóticos ilegales, especialmente entre la juventud.

Resistencia a influencias externas contrarias a nuestras tradiciones sanas

• Se rechazarán las influencias externas que busquen imponer agendas políticas contrarias a los intereses y valores nacionales del Perú. Esto incluye la oposición a organizaciones políticas supranacionales de orientación socialista que intenten interferir en los asuntos internos del país, así como la defensa de la identidad y la cultura peruana frente a intentos de homogeneización globalista.

Promoción de la familia y los valores tradicionales

• Se promoverá activamente la protección de la familia como célula básica de la sociedad y los valores tradicionales en todos los ámbitos de la sociedad, incluida la educación. Se rechazarán las agendas que promuevan, desde los organismos del Estado, ideologías contrarias a estos valores, como la ideología de género, y se fomentará una educación basada en principios éticos y morales.

Abordaje de la inseguridad ciudadana

• Se buscará resolver el problema de la inseguridad ciudadana mediante una reforma integral del sistema de justicia y seguridad policial, con un enfoque acentuado en la prevención del delito, el resarcimiento del daño a la víctima por parte de los infractores y la protección de las víctimas. Se reformará el código penal para garantizar penas justas y proporcionales a los delitos cometidos, así como la eliminación de beneficios penitenciarios que puedan favorecer a los criminales.

En resumen, este punto del decálogo aborda una serie de medidas destinadas a fortalecer la defensa y seguridad del Perú, protegiendo su soberanía e integridad territorial, así como los valores y principios nacionales frente a amenazas internas y externas.

VIII. REFORMAS PARA EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL

El octavo punto del decálogo abarca una serie de reformas cruciales en áreas fundamentales como la salud, la educación y el sistema previsional. Estas reformas buscan enfocar y optimizar estos sectores, así como reducir los niveles de anemia infantil y abordar las necesidades de los grupos más vulnerables de la sociedad. Además, se propone la implementación de subsidios directos a la demanda para satisfacer requerimientos sociales particulares:

Enfoque y optimización del sector educación

• Se promoverá una revisión integral del sistema educativo para mejorar su eficiencia y calidad. Esto incluye medidas para garantizar un acceso equitativo a la educación de calidad por los más pobres mediante un sistema de becas estatales; y la promoción de la libertad de elección en la educación, mediante la cogestión de los contenidos educativos por parte de las Asociaciones de los Padres de familia de los centros educativos, que deben competir entre ellos para llenar sus plazas educativas.

Enfoque y optimización del sector salud

• Se llevarán a cabo reformas para mejorar la calidad y accesibilidad de los servicios de salud. Esto implicará la promoción de la competencia en el sector salud, mediante la atracción por parte de los centros de salud de los usuarios para su atención; y la facilitación del acceso a servicios de salud de calidad para todos los ciudadanos, mediante un sistema de cheques estatales para los más pobres, con el fin de pagar primas de seguros médicos diseñados a medida y que compitan entre ellos por los cheques.

Reducción de la anemia infantil

• Se implementarán políticas y programas específicos para abordar y reducir los altos niveles de anemia infantil en el país. Esto incluirá campañas de concientización, programas de suplementación de hierro y mejoras en la atención médica prenatal y pediátrica.

Subsidios vinculados a demandas sociales específicas

• Se establecerán subsidios dirigidos a grupos específicos de la sociedad para satisfacer necesidades particulares. Estos incluyen becas estatales de educación para familias de bajos recursos, cheques estatales de salud para acceder a seguros médicos de  servicios de salud privados y bonos estatales de apoyo para personas mayores en situación de abandono.

Transferencia de los sectores de educación y salud al sector civil

• Se promoverá la transferencia de los servicios de educación y salud, garantizando así la libertad de elección mediante la competencia entre todos los centros educativos y de salud, optimizando la calidad en la prestación de estos servicios. El Estado facilitará el acceso a la educación y salud privadas para aquellos que carecen de los recursos necesarios, y/o aquellos ciudadanos en localidades remotas.

Expansión del capital humano

• Se promoverá la inversión en el desarrollo del capital humano a través de programas de capacitación y formación profesional. Esto incluirá iniciativas para mejorar las habilidades y competencias de la fuerza laboral, impulsando así el crecimiento económico y la competitividad del país; también se buscará la transferencia tecnológica hacia el Perú.

Estas reformas buscan fortalecer los sectores clave de la sociedad y mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos, asegurando una amplia libertad de oportunidades y un desarrollo económicamente sostenible para el país.

IX. REFORMAS CONSTITUCIONALES

El noveno punto del decálogo aborda la necesidad de realizar reformas constitucionales con el fin de fortalecer las instituciones y promover un sistema político más eficiente y transparente. Estas reformas son fundamentales para adaptar la Constitución a las demandas y desafíos actuales del país, así como para garantizar el respeto a los derechos y libertades fundamentales e individuales de todos los ciudadanos. A continuación, se desarrollan algunas propuestas de reforma constitucional:

Rechazo al cambio total de constitución mediante asamblea constituyente

• Es crucial rechazar la idea de cambiar totalmente la constitución a través de una asamblea constituyente, ya que esto puede abrir la puerta a procesos políticos inciertos y polarizados. En lugar de ello, se propone realizar reformas puntuales y específicas que aborden los aspectos más urgentes y relevantes de la constitución.

Delimitación de las acciones de los poderes del estado

• Una reforma constitucional debería definir de manera clara y precisa las acciones que pueden ejecutar los poderes del Estado, con el objetivo de garantizar la separación de poderes y evitar posibles abusos de autoridad. Esto contribuiría a fortalecer el estado de derecho y promover la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública.

Propuestas de reforma constitucional mediante votaciones en el congreso de artículos específicos (enmiendas)

• En lugar de convocar una asamblea constituyente, se sugiere que las propuestas de reforma constitucional sean sometidas a votación en el Congreso, con el objetivo de agilizar el proceso y garantizar la participación democrática de los representantes del pueblo. Esto permitiría realizar modificaciones puntuales y específicas en la constitución sin poner en riesgo la estabilidad política del país.

Eliminar la prohibición de inversión extranjera en zonas fronterizas

• Esta medida busca fomentar la inversión extranjera en regiones fronterizas del país, promoviendo el desarrollo económico y social de estas zonas. Eliminar esta prohibición podría abrir nuevas oportunidades de crecimiento y empleo en áreas que históricamente han sido desatendidas.

Reforma del sistema electoral para la Cámara de Diputados por distritos uninominales 

• Una reforma constitucional podría establecer un sistema electoral basado en distritos uninominales, donde cada distrito elige a un único representante para la Cámara de Diputados. Esta cámara tendría amplias facultades políticas y legislativas, sujetas al veto definitivo de la Cámara de Senadores. Esto permitiría una mayor representatividad y cercanía entre los ciudadanos y sus representantes, así como una mayor rendición de cuentas por parte de estos últimos.

Reforma del sistema electoral para la Cámara de Senadores por mega-regiones

• Una reforma constitucional podría establecer un sistema electoral basado en mega-regiones donde cada gobierno de una mega-región elige a dos representantes para la Cámara de Senadores. Esta Cámara tendría la única facultad de poder vetar definitivamente cualquier ley promulgada por la Cámara de Diputados o cualquier decreto ley promulgado por el Ejecutivo. Esto promovería la representatividad y cercanía entre el Parlamento y el interior del país, así como una mayor rendición de cuentas ante estos últimos.

Renovación de la una tercera parte de los congresistas a mitad del periodo presidencial (elecciones de medio término)

• Esta medida busca evitar la concentración excesiva de poder en el Congreso, garantizando una renovación periódica de sus miembros. La realización de elecciones de medio término podría contribuir a fortalecer la democracia y promover una mayor participación ciudadana en la vida política del país.

En conclusión, las reformas constitucionales propuestas en este punto del decálogo buscan fortalecer las instituciones democráticas republicanas del país, promover la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio del poder, y garantizar el respeto a los derechos y libertades de todos los ciudadanos. Estas reformas son fundamentales para consolidar un sistema político más ordenado,  justo, democrático y con mayor espacio de libertad de oportunidades.

X. ACUERDO DE GOBERNABILIDAD Y ESTABILIDAD INSTITUCIONAL

El décimo punto del decálogo se centra en la necesidad imperante de establecer un acuerdo de gobernabilidad y garantizar la estabilidad institucional en el país. En un contexto de democracia republicana, es natural que existan divergencias de opinión y discrepancias entre diferentes actores políticos y sociales. Sin embargo, es esencial que, más allá de estas diferencias, se pueda alcanzar un consenso básico en torno a las reglas de convivencia y a la importancia de asegurar la gobernabilidad y la estabilidad del Estado, para lograr la convivencia y la coexistencia pacífica de todos los ciudadanos, con sus respectivos proyectos personales y/o grupales de realización metafísica o ética.

El acuerdo de gobernabilidad propuesto implica el compromiso de todas las fuerzas políticas y sociales de trabajar de manera colaborativa para lograr objetivos comunes en beneficio del país. Esto requiere un diálogo constructivo, negociaciones transparentes y la disposición de todas las partes involucradas para llegar a acuerdos que impulsen la prosperidad nacional.

En este sentido, el acuerdo de gobernabilidad se fundamenta en el respeto por los principios democráticos republicanos y el Estado de Derecho. Implica el reconocimiento de que, aunque existan diferencias de opinión, el interés general debe prevalecer sobre intereses particulares o partidistas. Es un compromiso con la estabilidad institucional y la continuidad del Estado, más allá de los cambios de Gobierno y las alternancias políticas.

Este acuerdo también busca promover la gobernabilidad efectiva y responsable, que permita abordar los desafíos y resolver los problemas del país de manera eficiente y sostenible en el tiempo. Asimismo, busca fortalecer las instituciones democráticas republicanas y consolidar la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones.

En resumen, el décimo punto del decálogo establece la necesidad de alcanzar un acuerdo de gobernabilidad que garantice la estabilidad institucional y promueva el perfeccionamiento voluntario del potencial de cada ciudadano, ya sea de manera personal o grupal, para alcanzar el bienestar colectivo. Es un llamado a la unidad en la diversidad, a trabajar juntos por el futuro del país y a construir una sociedad más ordenada, próspera, justa y democrática para todos sus ciudadanos.