La escandalosa ola de extorsiones y violencia que azota a Lima y otras regiones del Perú, junto con la paralización de los transportistas producto de reclamar acciones del Estado ante dichas extorsiones, es solo la más reciente manifestación de un problema más profundo: el colapso de la capacidad del Estado para garantizar el orden y la seguridad de los ciudadanos. Desde una perspectiva de liberalismo clásico, esta situación refleja no solo la ineficiencia de un aparato estatal sobredimensionado y corrupto, sino también la peligrosa concentración de poder en manos de una casta político que ha perdido de vista su misión fundamental: proteger los derechos de las personas a la vida, la libertad y la propiedad, función esencial del Estado liberal.

La violencia que presenciamos hoy —asesinatos de trabajadores del transporte, pasajeros heridos, y comerciantes amenazados— es producto directo de años de negligencia, incompetencia y corrupción por parte de gobiernos sucesivos. Las organizaciones criminales no surgen de la nada; prosperan en la medida en que las instituciones públicas se debilitan y los incentivos económicos y políticos se distorsionan. En un entorno de impunidad, donde el Estado no actúa con eficacia ni responsabilidad, estas mafias encuentran terreno fértil para expandir sus actividades.

El caso específico del transporte urbano es especialmente revelador. Los transportistas, víctimas de extorsiones y ataques violentos, han decidido paralizar sus actividades como única manera de llamar la atención del gobierno. Este paro es el resultado no solo de la ausencia de medidas preventivas efectivas, sino de la indiferencia de una casta política desconectada de la realidad de millones de peruanos. Los crímenes de sicariato, las amenazas y el cobro de “cupos” son solo la expresión visible de un sistema en descomposición, donde el Estado putrefacto no puede (o no quiere) cumplir con su obligación de garantizar el orden y la seguridad.

El liberalismo clásico, fundamentado en la idea de un Estado avocado a sus funciones propias por su naturaleza ontológica (seguridad y justicia esencialmente) y de la importancia de los derechos individuales, nos recuerda que la primera función de cualquier gobierno debe ser la protección de sus ciudadanos frente a la violencia y la coerción. No obstante, lo que vemos en el Perú es un Estado hipertrofiado en sectores irrelevantes, pero absolutamente ineficaz en su rol esencial. Mientras los burócratas y políticos manejan presupuestos inflados y legislan en función de sus propios intereses, la población se encuentra cada vez más desprotegida frente al crimen organizado. Esto no es una falla accidental del sistema, sino el resultado natural de décadas de corrupción y mala gestión, y de la conveniencia de burócratas estatales que se benefician desde el poder de la colusión con el crimen organizado

La corrupción es otro factor clave en esta crisis. El vínculo entre algunos políticos y los grupos criminales no puede subestimarse. Legislaciones recientes que debilitan el concepto de “organización criminal” solo benefician a ciertos intereses oscuros, dejando a la ciudadanía en una situación de vulnerabilidad extrema. Las leyes que deberían proteger a la gente son manipuladas para favorecer a unos pocos, destruyendo la confianza en las instituciones públicas.

El liberalismo clásico propone una solución clara: el poder del Estado debe ser limitado y enfocado en sus funciones esenciales. En lugar de intervenir en todos los aspectos de la vida económica y social de las personas, el Estado debería concentrarse en asegurar el imperio de la ley, la seguridad y la justicia.

Esto requiere una profunda reforma de nuestras instituciones de seguridad y justicia, empezando por la Policía Nacional y el sistema judicial. Ambos deben ser liberados de la interferencia política y estar orientados exclusivamente a la protección de los derechos de los ciudadanos. Además, es fundamental eliminar los incentivos perversos que alimentan la corrupción y la colusión con el crimen organizado.

Pero las reformas no deben limitarse solo a lo policial. El sistema económico que alimenta la extorsión también debe ser revisado. La informalidad rampante en sectores como el transporte es un caldo de cultivo para la violencia y el crimen. Los transportistas, sin acceso a protección legal adecuada ni a marcos regulatorios justos, son fácilmente vulnerables a las amenazas de las mafias. Un entorno de mayor formalización, con reglas claras y libertades económicas que permitan el crecimiento y la competencia, reduciría las oportunidades para que el crimen organizado extorsione y controle sectores clave de la economía.

El Estado debe dejar de ser un obstáculo para la prosperidad y seguridad de los peruanos. El liberalismo clásico nos enseña que, cuando el poder se concentra y se aleja de sus verdaderos fines, la libertad y la seguridad se ven gravemente amenazadas. En el Perú de hoy, es imperativo establecer un Estado que sirva a la gente, no a los intereses corruptos, y que permita que la sociedad civil y la economía libre florezcan en un entorno de paz y justicia. Sin un cambio radical de rumbo, continuaremos atrapados en este ciclo de violencia, corrupción e ineficiencia, con el costo de más vidas perdidas y un tejido social cada vez más fracturado.

Es hora de que el Perú abrace un modelo de gestión estatal basado en principios liberales, donde el poder esté limitado, las instituciones sean fuertes y responsables, y los ciudadanos sean verdaderamente libres para prosperar. La seguridad, garantizada por el Estado no es solo un derecho, sino una condición esencial para la libertad y la convivencia pacífica y la colaboración voluntaria mutua de la gente. Y es hora de recuperarla.